Archivo por meses: diciembre 2019

El veredicto

Quienes tenían dudas sobre la posición europea respecto a la actuación procedimental de la justicia española en la cuestión abierta por el independentismo catalán en el caso en torno al procés pueden ir dejando de lado reparos y reconocer, llanamente, que las instituciones europeas no aceptan los subterfugios jurídicos como sustitutos de la política, al menos en su jurisdicción, y especialmente en lo que concierne a disputas territoriales. Existe un hilo de continuidad entre las decisiones de los últimos años de los tribunales alemanes, belgas y británicos, y el veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que conocimos esta semana.

El mensaje del tribunal tiene una doble vertiente. Mucho se ha discutido en los últimos años sobre el fondo y la forma. Primero fueron los independentistas los que se escudaron en la verdad del fondo para romper el status quo estatutario y constitucional con el arrebato parlamentario del 6 y 7 de septiembre, con el desafío del 1 de octubre, a continuación y, finalmente, con la fallida declaración unilateral de independencia. En aquel trance, el gobierno español se presentó a sí mismo como el guardián de las formas legales, el estado de derecho, que, según decía, garantizaba la convivencia de todos. Mientras tanto, el independentismo, ante las dificultades evidentes que supone siempre ser una minoría (en un «Estado Autonómico» o «nación de naciones»; pero, además, en su propio territorio, pese a la mayoría circunstancial en términos de representación parlamentaria) reclamaba su legítimo derecho a ir más allá de las leyes vigentes, para ejercer plenamente su soberanía de manera unilateral. De este modo, fondo y forma se contraponían para justificar los intereses de las partes.

Ahora las tabas se han vuelto del revés. Ciertos sectores del Estado, y personalidades destacadas de la política española, patalean contra la Unión y ponen en cuestión la decisión del TJUE, reclamando la preeminencia incuestionable de la soberanía estatal por sobre las instituciones de la Unión, exigiendo con ello que se incumpla la decisión emitida por el órgano que representa la «guinda» del pastel que constituye el marco jurídico-institucional de la justicia europea, constituido por sus tribunales de base, sus instancias superiores estatales y supra-estatales. El pretexto, como siempre, son las razones de fondo. Quienes exigen el incumplimiento de las garantías defendidas por el TJUE aducen razones de Estado y de «Justicia mayúscula» contra los privilegios de inmunidad parlamentaria reconocidos por el tribunal. Mientras tanto, los independentistas festejan el apego a las formas procedimentales que defienden los magistrados del alto tribunal, y desdeñan comprensiblemente las pretendidas «justificaciones de fondo» que pretenden quienes impugnan como improcedente un veredicto redactado con la vista puesta en la defensa del «estado de derecho» y las garantías fundamentales.

De este modo, hace falta una mirada más «hegeliana» sobre el conflicto para entender los límites que impone la mirada kantiana sobre el asunto de justicia con la cual se enfoca el conflicto y su eventual resolución. Forma y fondo, como nos enseñó Hegel, van de la mano, y cuando parten aguas, se ven disminuidas, como ocurre con la estética posmoderna y la ética procedimental. La forma define al fondo dialécticamente, y viceversa.

De este modo, como ocurre con la mayoría de las sentencias, más allá de su contenido, el veredicto pone «blanco sobre negro» y obliga a barajar los naipes y dar de nuevo para empezar otra partida.

Esta vez, las consignas para todos los involucrados son:

(1) Ceñirse a las formas establecidas (aunque estas mismas formas estén en discusión y busquen ser rebatidas o subsumidas por un nuevo formato constitucional);

(2) aceptar que no se puede ir con prisas (las prisas del procés y las prisas del constitucionalismo han causado un descrédito generalizado de la cultura hispano-catalana, que ha destrozado sus respectivas pretensiones de democraticidad y sentido común, además de daños innecesarios a una parte importante de la población); y

(3) dirimir políticamente los conflictos (es decir, forjar compromisos consensuados, y poner paños fríos a la frustración que supone la dinámica en la distribución fáctica de fuerzas en la sociedad en cada circunstancia concreta, recordando que no hay peor pecado en democracia que los esencialismos que intentan congelar la dinámica social).

Como sucede con todos los conflictos, estos no afectan exclusivamente a los involucrados directamente con la disputa. Muchas terceras personas resultan maltratadas por los hechos y son convertidas en moneda de cambio en las luchas que las élites diseñan y acometen para lograr la consecución de sus objetivos. Quienes son atraídos a la vorágine de violencia silenciosa o explícita que en estos días recorre el territorio del Estado español (en Madrid y en Barcelona, para decirlo de algún modo) con los lemas y los coloridos y estridentes emblemas nacionalistas como pretexto, deben pagar por las consecuencias de los errores de aqueos y troyanos, como esclavos de las circunstancias.
Todo esto sin descontar aquello para lo que en última instancia sirve el conflicto territorial en esa otra dimensión menos visitada por los opinadores habituales. En la lucha abierta entre «neoliberales progresistas» y «neoliberales populistas», las riñas identitarias vuelven invisible el verdadero mal: una forma de vida, una «miseria planificada» que, a los ojos de todos los que quieren ver, se ha vuelto insostenible.

Lawfare y guerra mediática

El Papa contra el Lawfare

Hace unos meses, el Papa Francisco criticó duramente el uso del Lawfare y las prisiones preventivas. El Lawfare consiste en un despliegue jurídico, cuyo propósito exclusivo es la persecución y encarcelamiento de opositores políticos que, al ser acompañado por los medios de comunicación, se convierte también en una «guerra mediática» que busca dañar y deslegitimar a los líderes políticos y sociales frente a la opinión pública.

Esta guerra judicial contra oficiales locales, pero también, en una suerte de jurisdicción universal, contra aquellos líderes políticos que atentan contra intereses estratégicos, estatales o corporativos, es «una nueva forma de intervención exógena», ha dicho el Papa, «cuyas armas son el uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales».

En América Latina, el lawfare y la guerra mediática se han implementado de manera sistemática para erradicar a los gobiernos de tendencias populares y socialistas, y sus raíces en los movimientos populares. Se ha dicho que el Lawfare en América Latina es la aplicación por otros medios de la llamada «Operación Cóndor», un plan de inteligencia que las dictaduras militares latinoamericanas implementaron durante la década de 1970 y 1980, en tándem con la CIA de los Estados Unidos, para aniquilar a las izquierdas populares en la región.

Yo acuso

Ayer, la expresidente y actual vicepresidente electa de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, durante tres «largas» horas, realizó su descargo frente al tribunal que la juzga por causas de corrupción. En dicha presentación, cuya divulgación el tribunal intentó limitar, prohibiendo su transmisión en directo (pese a que la acusación de la fiscalía había sido transmitida en vivo previamente), la expresidente acusó al tribunal y al gobierno saliente de Mauricio Macri de haber participado en un plan sistemático de lawfare y guerra mediática contra políticos y líderes sociales, e incluso familiares y amigos.

Como el propio New York Times destacó en su momento, esta estrategia fue la que permitió a Mauricio Macri llegar al poder; y luego, durante el período de su gobierno, garantizar su gobernabilidad, pese a las políticas regresivas de reendeudamiento, devaluaciones, ajustes y solapada privatización de sectores estratégicos de la economía, utilizando a la corporación mediática, en colaboración con la Unidad de Información Financiera (dirigida por un exHSBC procesado por lavado de dinero), y la Oficina Anticorrupción (dirigida por Laura Alonso, una de las principales promotoras del fake-news del asesinato del fiscal Nisman, y representante de Paul Singer, uno de los principales tenedores de deuda argentina), la magistratura y los servicios de inteligencia.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner, cuya estrategia consistió en denunciar al propio tribunal de complicidad y de participación directa en este plan estratégico, enumeró de manera consistente las irregularidades en los procesos, y desenmascaró la estrecha colaboración de los grandes medios, los servicios de inteligencia, la magistratura, y del propio ejecutivo, especialmente de aquellos estamentos que se encuentran directamente bajo la dirección de la presidencia, en la tarea de acoso, persecución y encarcelamiento de opositores.

Catalunya en el espejo latinoamericano

En Europa, en general, y en Catalunya en particular, pese a la plausibilidad de las denuncias por el uso del Lawfare en su propia jurisdicción, la suerte de los líderes políticos y los militantes sociales latinoamericanos ha sido menospreciada por los grandes medios, cuando no justificada por la mayoría de las plumas de peso en la prensa local.

En Catalunya, algunos casos merecen una mención especial. La periodista independentista Pilar Rahola, notable por su doble vara y su encono contra los líderes populares latinoamericanos hasta el punto de la fobia, pese a sus propias denuncias sistemáticas contra el uso flagrante de la justicia para dirimir conflictos políticos en el Estado español, ha sido una defensora a ultranza de las fuerzas políticas de la derecha latinoamericana que han emprendido con éxito la persecución de los líderes políticos y la estigmatización de las fuerzas populares de izquierda por medios similares, llegando hasta el punto de apoyar públicamente a Mauricio Macri, un presidente que simpatiza enteramente con la visión promovida por la Fundación Mont Pelerin, y principal promotor de este tipo de estrategia, decisiva para cambiar de raíz la estructura socioeconómica del país, e imponer la moral e institucionalidad que exige el mercado neoliberal.

Sin embargo, Rahola no es un caso aislado. La televisión pública catalana, y la mayoría de los grandes medios (con La Vanguardia a la cabeza, y los otros haciendo fila india), se han posicionado de manera decisiva contra los gobiernos populares que, en la pasada década, han realizado las más grandes transformaciones sociales en el continente a favor de los desfavorecidos.

Si, pero…

Todos estos medios coquetean abiertamente con las fuerzas golpistas promercado, alzando su voz exclusivamente en casos de incuestionable violación de los derechos humanos, como ocurre actualmente en Bolivia, donde un grupo racista perpetra fechorías que recuerdan a las más atroces formas de perversión moral de la humanidad (asesinatos étnicos refrendados por el poder político y judicial).

Sin embargo, incluso en esos casos, siempre las denuncias son precedidas con reflexiones pretendidamente edificantes y moralistas acerca de la nunca comprobada responsabilidad de Evo Morales en un fraude que, hoy sabemos, no existió, pese al esfuerzo demostrado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luís Almagro, por interrumpir la continuidad institucional en Bolivia, y forzar una salida semejante en Venezuela a las órdenes de las exigencias de Washington.

¿«Solidaridad» u oportunismo?

En estos días en los que tanto se habla sobre el juicio contra los líderes del procés, los independentistas catalanes deben poner blanco sobre negro y definir claramente su posición sobre esta plaga que acecha a las democracias a lo largo y ancho del planeta.

Hace unos días, un centenar de organizaciones, líderes políticos y sociales e intelectuales de Argentina se manifestaron abiertamente contra el uso del lawfare y las prisiones preventivas en España, entre ellas la Organización «Abuelas de Plaza de Mayo».

Mientras tanto, personalidades destacadas de Catalunya, como Pilar Rahola, quien batalla contra el lawfare y la persecución mediática en su propio país, parece defenderla en el caso israelí, cuya estrategia histórica de persecución judicial contra el enemigo palestino es un signo de Realpolitik que no se puede desdeñar cuando uno es portador de los estandartes de la civilización occidental; o la ignora, la justifica o la apoya públicamente, como ocurre en los casos latinoamericanos, cuando se utiliza contra gobiernos y líderes políticos que defienden modelos sociopolíticos que resultan despreciables para el establishment neoliberal y pseudorepublicano que defiende públicamente la periodista.

Vargas Llosa

El caso de Vargas Llosa merece un apartado. En su artículo del 1 de diciembre de 2019, titulado «El fin de Evo Morales», publicado simultáneamente en Madrid y los principales medios latinoamericanos, el Nobel peruano festeja el derrocamiento de Evo Morales, contra el cual lanza su pluma envenenada y racista.

De acuerdo con Vargas Llosa, lo que presenciamos en Bolivia es el resultado del levantamiento de un pueblo valiente en defensa de su libertad. Sin embargo, nos dice el peruano, en un fragmento que quedará esculpido en nuestra memoria, «el problema son los muertos»:

¿Dónde está el problema, pues? Está en los 23 muertos, la mayoría heridos de bala, que se produjeron durante los violentos disturbios que tuvieron lugar en distintas ciudades de Bolivia a raíz del intento de fraude electoral que sublevó a los ciudadanos y los echó a la calle a protestar. ¿Quiénes les dispararon? La acusación de que fueran los policías y soldados no está demostrada aún y hay razones más que suficientes para asegurar que los partidarios del exmandatario, en especial los cocaleros del Chapare y los ciudadanos de El Alto, militantes del MAS, estaban armados hasta los dientes (lo están todavía) y causaron, por lo menos en parte, buen número de aquellas víctimas. Ojalá que los tribunales bolivianos lo establezcan con precisión y los culpables sean sancionados con severas penas de cárcel.

En julio de 2019, Vargas Llosa, Luís Almagro (actual Secretario General de la OEA y principal promotor de la intervención militar contra Venezuela, y responsable directo del golpe en Bolivia), Sebastián Piñera (presidente de Chile) y Mauricio Macri (presidente argentino), participaron del 31º Aniversario de la Fundación Libertad en Argentina, donde Vargas Llosa tuvo palabras elogiosas hacia Almagro y anticipó hasta cierto punto la embestida que preparaba el diplomático uruguayo al servicio de Washington, y donde los presidentes Piñera y Macri dialogaron de manera amable y cómplice sobre las transformaciones morales e institucionales que exige Latinoamérica para embarcarse decididamente, ahora sí, en el camino hacia la utopía neoliberal.

Los eventos en Chile y la derrota de Macri en Argentina, demuestran que en la región, contrariamente a lo que señala (¿ingenuamente?) Rahola en su artículo del 24 de noviembre en La Vanguardia, titulado «Continente en Llamas», no es la corrupción o la debilidad institucional lo que falla, sino el hecho de que, como todo territorio apetecido por el poder neoimperial y corporativo, es un campo de batalla, en el que se enfrentan las fuerzas populares y las élites que se nutren de la desposesión y la explotación. Rahola, claramente, tiene su corazón vendido a esas élites.

¿La patria o la clase?

Como señala en su página web, la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Mario Vargas Llosa, nació en octubre de 2002 y «tiene como principales objetivos la defensa y promoción de los principios de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Su constitución ha sido una iniciativa de intelectuales y referentes de Think Tanks de ambos lados del Atlántico (Estados Unidos, Iberoamérica y Europa)». La Fundación «apuesta por aquellos principios cuya instauración constituyen las bases de la democracia, la libertad y la prosperidad, adoptando estrategias destinadas a combatir en el campo de las ideas aquellas que amenazan estos valores».

Para aquellos que estudiamos los orígenes del neoliberalismo, la retórica es conocida, porque la Fundación Internacional para la Libertad forma parte del entramado de Think Tanks inspirados por la Fundación Mont Pelerin que, en 1947, sentó las bases y ejemplificó la estrategia que desde entonces, de manera exitosa, ha promovido el modelo neoliberal de gobernanza global, fundado en una peculiar comprensión de la naturaleza y la sociabilidad humana, del orden moral y del mercado capitalista.

Ahora bien, cuando echamos un vistazo al consejo académico de la Fundación, nos encontraremos con curiosidades dignas de una línea en nuestro artículo.  Una treintena de nombres pretenden garantizar la credibilidad y autoridad intelectual del emprendimiento. Algunas son bien conocidas, como es el caso de Enrique Krauze o Marcos Aguinis; otros traen aciagos recuerdos, como el exministro de Economía Ricardo López Murphy; otros, como Xavier Sala i Martin, un economista de culto entre los independentistas, y asiduo de los medios de comunicación catalanes, son menos conocidos fuera de las fronteras de Catalunya, pero asiduo y ostentoso entrevistados en las mesas de opinión de TV3.

La presencia de Sala i Martín en la Fundación de Vargas Llosa para la libertad nos dice mucho de la democracia por la que decimos luchar en nuestro territorio. Vargas Llosa, el feroz antiindependentista que arengó desde el púlpito a la ciudadanía española en Barcelona frente a la Estación de Francia, y el independentista de cuño, que predijo el «Adéu a Espanya» en uno de sus libros de trincheras publicados en tiempos de ilusiones, se unen en este Think Tank paradigmático para Iberoamérica, con el fin de rendir culto y proclamar su fidelidad última a una visión muy peculiar de la libertad, bajo la cual todas las querellas identitarias quedan subsumidas.

Esto muestra claramente, como ha sido siempre, que, antes que la patria está la clase, y cuando está la patria, es siempre por intereses de clase que se ondean sus banderas. Es bien sabido que entre los ricos, pese a hablar diferentes idiomas, lo que se venera es «la distinción» (Bourdieu): el buen gusto y las buenas maneras. El resto es para el pueblo llano, que, a veces, ignorante, está dispuesto a «barallar-se i morir» en nombre de sus amos.